1) Tener capacidad legal para contratar.
2) Ser argentino o naturalizado, con una residencia mínima de 2 (dos) años.
3) No encontrase atrasado en el pago de operaciones crediticias.
4) Acreditar solvencia moral mediante certificado de buena conducta.
5) No encontrarse afectado por medida judicial de inhibición general.

6) No haber sido condenado ni inhabilitado judicialmente.

7) No ser empelado de la Administración Pública nacional, provincial y/o municipal.